En un esfuerzo por erradicar el acoso sexual en el entorno laboral, el Procurador General de la Nación de Colombia ha emitido una circular con directrices para las entidades públicas, autoridades y organismos del Estado en todos los niveles de la administración. Esta circular busca garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por diversas leyes y convenciones internacionales que protegen los derechos humanos, especialmente de las mujeres, en el contexto laboral.
Marco Jurídico de Protección
La circular está fundamentada en una serie de acuerdos internacionales que condenan el acoso sexual y la violencia contra la mujer:
- La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU, que prohíbe el acoso sexual en todos los ámbitos, incluidos los laborales y educativos.
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que exige a los Estados tomar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en todas las áreas, incluida la laboral.
- La Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a tomar medidas para erradicar la violencia contra la mujer en el ámbito público y privado.
- El Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho al trabajo libre de acoso sexual y promueve ambientes laborales seguros y sin violencia.
Marco Normativo Nacional
En Colombia, varias leyes y decretos refuerzan la lucha contra el acoso sexual:
- La Constitución Política de Colombia establece el derecho al trabajo digno y sin discriminación.
- La Ley 1010 de 2006 y la Ley 2365 de 2024 buscan prevenir, corregir y sancionar el acoso sexual y laboral.
- El Decreto 1710 de 2020 y otros decretos reglamentarios introducen medidas para prevenir y atender las violencias basadas en el género.
Directrices Clave para la Implementación de Políticas
- Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual: El gobierno nacional debe expedir un plan transversal para eliminar el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, con un plazo vencido desde junio de 2025.
- Protocolos de Prevención y Atención: Las entidades públicas y privadas, así como las instituciones educativas, deben expedir políticas y protocolos claros para prevenir y atender casos de acoso sexual. Estos protocolos deben incluir campañas de sensibilización, capacitación obligatoria en enfoque de género, y medidas para evitar la revictimización.
- Garantías de Protección: Se debe garantizar la no retaliación contra denunciantes y testigos, y los empleadores deben tener sistemas de evaluación y seguimiento para medir la eficacia de los protocolos implementados.
- Investigación y Sanción: Las quejas de acoso sexual deben ser remitidas a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación en el sector público y los jueces laborales en el sector privado. El acoso sexual debe ser investigado penal y disciplinariamente, y las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad durante el proceso.
Implicaciones para el Sector Público y Privado
Las entidades públicas y privadas deben implementar inmediatamente los protocolos de atención y protección para las víctimas de acoso sexual. La Procuraduría General de la Nación tiene competencia exclusiva para investigar y sancionar los casos de acoso sexual en el ámbito público. En el ámbito privado, las quejas deben ser enviadas a la jurisdicción laboral.
Además, las instituciones educativas, incluidas las del sector militar y policial, también deben adoptar estas políticas, con especial énfasis en la sensibilización y la capacitación de su personal.
Enfoque de Género
La circular subraya la importancia de aplicar un enfoque de género en todas las acciones relacionadas con la prevención, protección y sanción del acoso sexual. Las políticas y protocolos deben ser diseñados para atender especialmente a los grupos más vulnerables, como mujeres en situación de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, y personas con orientaciones sexuales diversas.
Conclusión
La Circular 006 de 2025 reafirma el compromiso del Estado colombiano en la creación de un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual. Al implementar políticas claras, protocolos de atención eficientes y medidas de sanción contundentes, se busca erradicar una de las formas más graves de violencia de género en el país, protegiendo los derechos humanos de todas las personas que se desempeñan en estos espacios.
Este marco normativo es crucial no solo para la protección de las víctimas, sino también para crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, donde todos los empleados, independientemente de su género, puedan desempeñar sus labores sin miedo a sufrir violencia o discriminación.
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Es crucial que esta lucha llegue a todos los rincones del país. No solo es necesario estar informado, sino también actuar de manera decidida para crear un ambiente libre de violencia en todos los entornos laborales y educativos. ¡Comparte este artículo y contribuye a que más personas se sumen a la causa de erradicar el acoso sexual!
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